El Ayuntamiento amplía el abanico de personas que podrán recibir ayudas económicas familiares

La Junta de Gobierno Local aprueba una modificación de las bases del programa por la que se aumenta la cuantía mínima de los ingresos de la unidad familiar que da derecho a acceder a este tipo de prestaciones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado una propuesta de la Concejalía de Bienestar Social por la que se modifican las bases reguladoras del Programa de Ayudas Económicas Familiares de este año con el objetivo de ampliar el abanico de personas susceptibles de beneficiarse de este tipo de prestaciones. Los cambios afectan a la cuantía mínima de los ingresos que percibe la unidad familiar como requisito para tener derecho a estas ayudas, una cantidad que ahora se ha aumentado para dar cabida a más solicitudes.

En concreto, ahora los ingresos familiares no podrán superar 0,80 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), cuando el límite anterior era de 0,50. El concejal responsable del área, Pablo Montesinos, subrayó que de esta forma se pretende limitar menos la concesión de estas ayudas sociales, ya que se han dado casos de personas realmente necesitadas que superaban por poco el índice de ingresos establecido.

Hay que recordar que el plan de Ayudas Económicas Familiares va dirigido fundamentalmente a familias que carecen de recursos suficientes, por lo que se les concede prestaciones temporales, dinerarias o en especie, con la vista puesta en prevenir situaciones de dificultad social. Se trata de un programa que ha registrado un importante incremento de la demanda debido a la crisis, por lo que cuenta con un presupuesto abierto para ir dando respuesta a los solicitantes conforme al análisis de cada caso.

En este sentido, desde la Concejalía aclararon que el cumplimiento del requisito de no superar el límite de ingresos no siempre es suficiente para tener derecho a la ayuda, ya que también hay que tener en cuenta una serie de coeficientes correctores en función de determinadas circunstancias familiares y sociales que tienen que ser valoradas por los técnicos correspondientes antes de autorizar la prestación.