El fiscal del Tribunal Supremo pide el sobreseimiento del caso de los ‘tiques de la Feria’

En un completo informe refrenda la legalidad de la actuación del Ayuntamiento y descarta la comisión de delito alguno. «Hemos demostrado que ni ha habido prevaricación, ni malversación y que todo era otra maniobra más de la oposición para hacer ruido y desprestigiarme. Denuncio la mala fé de los que han querido meterme en el saco de la corrupción», declara Joaquín Villanova

 

El fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado el sobreseimiento del denominado caso de los ‘tiques de la feria’ y ha descartado la comisión de delito alguno por parte del alcalde, Joaquín Villanova, en relación al contrato de explotación de la barra de la caseta municipal en la Feria de San Juan de 2005 que fue denunciado por Izquierda Unida. En un completo informe de ocho páginas fechado el 28 de abril, el fiscal, Fidel Cadena, refrenda la legalidad de la actuación del Ayuntamiento y justifica por qué no ha habido ni prevaricación ni malversación de fondos públicos. Villanova se ha mostrado «muy satisfecho» por esta petición, ya que «nos da la razón punto por punto a lo que siempre hemos sostenido: que el contrato de la caseta de la feria era menor y no generaba tasa». El regidor confía en que el juez atienda a la solicitud de sobreseimiento de este caso, «que no era más que otra maniobra más de la oposición para hacer ruido y desprestigiarme».

El fiscal apunta como «acreditado» que el uso de la caseta por parte del empresario al que se le adjudicó el contrato (el único que se presentó), se limitaba al servicio de bar de la caseta, por lo que debe considerarse como un contrato menor, al ser la cuantía de 3.600 euros, «muy por debajo de las señaladas como límite para diferenciar los contratos menores de los que no lo son». Respecto a la forma de pago a través de tiques, el escrito señala que se ha demostrado que dichos vales fueron entregados «a personas que trabajaban en la feria», pertenecientes a grupos especificados en una lista de la Concejalía de Fiestas (grupos de baile, trabajadores de televisión, de servicios operativos, invitados de protocolo, de la comisión de fiestas…), por lo que «esos gastos serían razonablemente incluibles como gastos de protocolo en el presupuesto del Ayuntamiento (que entra dentro de lo normal que abone estos gastos), sin que se aparten de lo que normalmente se incluye en esta categoría de gastos de un Ayuntamiento».

En este sentido, rechaza la existencia de prevaricación o malversación de caudales públicos porque «ni se ha ocasionado un resultado materialmente injusto al no existir otro solicitante para la adjucación del servicio de cafetería ni haberse gastado los tiques en consumiciones distintas de las que serían incluibles en gastos de protocolo». En esta misma línea, añade: «no consta que ni el alcalde ni la concejala (Isabel Fraile) contra la que sigue la presente causa especial hayan sustraído o consentido que otro sustraiga los fondos derivados del precio estipulado por la contratación del bar, puesto que, aunque ese dinero no se ingresara en las arcas del Ayuntamiento, se satisfizo en forma de tiques después entregados a personas vinculadas a la feria como trabajadores y que figuraban en la lista aprobada por la concejal de Fiestas. La cantidad convenida, por tanto, de 3.600 euros se satisfizo por el adjudicatario al Ayuntamiento en la forma antedicha, sin que existiera sustracción de la misma o consentimiento de sustracción por parte de las personas a las que afecta esta causa».

Villanova ha celebrado que el fiscal del Tribunal Supremo haya tenido en cuenta todas las pruebas, documentación y testimonios aportados desde el principio de este caso, incluidos los informes de hasta tres interventores diferentes y las declaraciones de funcionarios municipales. El primer edil ha recordado que en todo este tiempo (casi diez años ya) ha tenido en todo momento la «conciencia muy tranquila» porque estaba convencido de no haber incurrido en ilegalidad alguna y de haber actuado de forma «honrada», «al contrario de lo que decían otras personas que han actuado de mala fé». «Se les ha llenado la boca con el término de ‘imputado’ para meterme en el saco de la corrupción política y es algo que nunca he aceptado ni aceptaré», ha declarado el regidor, que ha insistido en que espera que el Supremo archive definitivamente este caso, como ha sucedido con todas las denuncias anteriores por parte de la oposición que quedaron en «agua de borrajas».