La FAMP organiza en Archidona una Jornada sobre “la Ley de los contratos en el sector público: análisis y estudio para su aplicación en la Administración Local”

La norma legal busca dotar de una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público, que supone aproximadamente un 20% del PIB: unos 200.000 millones de euros

 

El vicepresidente de la FAMP y alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto a la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero Frías, han inaugurado hoy la jornada que debatió la Ley de los contratos en el sector público: análisis y estudio para su aplicación en la Administración Local que se ha celebrado en Archidona (Málaga). Los objetivos de esta jornada han sido dar a conocer la Nueva Ley de Contratos del Sector Público. Reflexionar entorno a los avances contenidos en la Ley referidos a la Transparencia y la gestión sostenible para la contratación del sector público y dotar de herramientas prácticas a personal técnico y a los/las responsables políticos de la Administración Local.

Esta jornada se enmarca en el Plan de Formación Continua de la FAMP para 2017 y ha estado dirigida a los responsables de la Administración Local. Ha pretendido dar a conocer la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo 8 de marzo de 2018. Este encuentro ha servido para analizar los aspectos más resaltables de la nueva normativa para la Administración Local y sus cambios.

La legislación de contratos públicos encuentra sus fundamentos y referentes en normativa e instituciones de carácter internacional en el ámbito de la OCDE, UNCITRAL –en el ámbito de la ONU–, y la Unión Europea.

Ello ha generado la necesidad de adaptar nuestro derecho nacional a una extensa normativa surgida en los últimos treinta años, como la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, o el panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», en la que la contratación pública desempeña un papel clave, como instrumento para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público da por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilita, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública. De igual forma, esta Ley permite aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública.

Esta norma busca una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público, que supondría aproximadamente un 20% del PIB: unos 200.000 millones de euros. Por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores.

Con esta “jornada” se ha reflexionado sobre estos avances contenidos en la Ley referidos a la Transparencia y a la gestión sostenible para la contratación del sector público y también dotar de herramientas prácticas a los responsables políticos y al personal técnico de la Administración Local para facilitar su aplicación a partir de su entrada en vigor.

La apuesta por agilizar los procedimientos de contratación, dotarlos de una mayor transparencia, establecer mecanismos que impidan o dificulten el fraude en la contratación y facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas para favorecer la concurrencia se completa con nuevos procedimientos de adjudicación como el procedimiento simplificado o el procedimiento de asociación para la innovación. Esto requiere el uso de las nuevas tecnologías para favorecer la agilidad y seguridad en la contratación. Desde la FAMP se “ha considerado muy importante iniciar una línea de formación dirigida a los responsables de las entidades que integran el sector público local para acercarlos a todas estas novedades que trae la Ley”.

La jornada dio comienzo con la ponencia “Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y Novedades” impartida por Francisco Montes Worboys, funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en excedencia y ex letrado del Tribunal Supremo. El ponente fue presentado por la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela Tudela.

Seguidamente tuvo lugar una serie de ponencias temáticas. La primera de ellas, con el título: “Barreras y oportunidades de la Compra Pública Sostenible en entidades locales” fue impartida por Roberto Galán Vioque, profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Fue presentado por Juan Manuel Fernández Priego, director del Departamento de Comisiones y Grupos de Trabajo de la FAMP.

La segunda ponencia temática “La detección del fraude en las licitaciones públicas en la nueva Ley de Contratos del Sector Público” fue impartida por María Ángeles Gómez Barea, secretaria general de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. Fue presentada por Juan Pérez Guerrero, alcalde de Lucena (Córdoba) y presidente de la Comisión de Economía, Empleo y Empresa de la FAMP.

La jornada acabó con una mesa redonda en la que intervinieron los parlamentarios nacionales, María Jesús Serrano Jiménez, PSOE; María Auxiliadora Honorato Chulián, Podemos; Juan Bravo Baena, PP; Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Ciudadanos. El debate fue moderado por el alcalde de San Juan de Aznalfarache y presidente de la Comisión de Hacienda y Financiación Local de la FAMP, Fernando Zamora Ruiz.